Google ha optado por no resistir la sentencia (no podría, porque no es recurrible) ni tergiversar su cumplimiento (no sería la primera vez). O sea que en pocos días ha puesto en marcha un procedimiento para que los usuarios europeos puedan ejercer el «derecho al olvido» solicitando la eliminación de enlaces con informaciones publicadas que consideren perjudiciales o desactualizadas. Pero no por ello se ha acallado la polémica ni se agotan las ramificaciones del caso.
Larry Page ha dado la cara personalmente para explicar el razonamiento de Google. Eric Schmidt, beligerante habitual en estas cuestiones, no ha aparecido en escena, por ahora. «Están en juego cuestiones muy amplias que debemos valorar – ha dicho Page – porque siempre puedes estar haciendo daño a alguien, y nadie tiene derechos absolutos para hacer lo que sea». Nadie negará que este pragmatismo reflexivo es un cambio de tono. Pero algo conocido subyace en estas palabras apaciguadoras.
La frase de Page que me ha llamado la atención es la siguiente: «estamos intentando razonar como europeos, tenemos que pensar estas cuestiones dentro del contexto europeo». Esta voluntad sobrevenida no es retórica: responde al hecho de que el acuerdo al que en febrero llegaron los abogados de Google con la Comisión Europea no está todavía aprobado oficialmente, y mientras tanto las circunstancias han cambiado. En la inminencia de cambio de la CE, tras las elecciones del día 25, han aflorado presiones para que la propuesta sea rechazada.
Joaquín Almunia, vicepresidente de la CE y responsable de la cartera de Competencia, que inicialmente había bendecido el acuerdo, ha modulado su punto de vista: «si, una vez oídas las opiniones de terceros, llegáramos a la conclusión de que las propuestas que tenemos sobre la mesa no son suficientes, deberíamos decidir qué pasos dar al respecto». Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, ha dicho que la propuesta es «por ahora, un paso en la buena dirección». Si estas palabras significan lo que parece, podrían llevar a una excepcional marcha atrás en una fase en la que la Comisión está en funciones. Y la composición del nuevo parlamento no será más propicia para Google.
Extraoficialmente, funcionarios de Bruselas han sugerido que algunos de los elementos de la propuesta «voluntaria» presentada por Google [destinar espacio a los competidores en la presentación de resultados de las búsquedas comerciales] debería ser «revisitada». Aunque su lista no ha sido la más votada, Martin Schulz, candidato socialdemócrata a presidir la próxima CE, dijo en campaña que «nadie discute que Google ejerce un monopolio de facto, por lo que es necesario que se le apliquen los instrumentos de defensa de la competencia»
En los últimos días, el ministro de Economía francés, Arnaud Montebourg, ha dicho que, tal como está redactado, no protege suficientemente los intereses de las empresas europeas: «no queremos convertirnos en una colonia digital de los gigantes globales de Internet». Su colega alemán, Sigmar Gabriel, ha insinuado en una entrevista al Frankfurter Allgemeine, que Google debería ser regulada con criterios análogos a los que se aplican a los operadores de telecomunicaciones, para evitar que abuse de su posición dominante. Una posibilidad que, irónicamente, no disgustaría a los operadores.
Los adversarios de Google argumentan que la propuesta no impedirá que promueva sus propios servicios en detrimento de los competidores. En particular, objetan el mecanismo de subasta por el que deberían pujar para fijar el precio del espacio que Google les dejaría en su página de resultados. El regulador alemán de la competencia, Bundeskartellamt, ha recibido el encargo del gobierno de llevar a cabo un análisis del acuerdo nonato entre Google y Almunia. En Francia se espera que la Autorité de la Concurrence abra un procedimiento de consulta sobre las consecuencias eventuales de un acuerdo.
Aparentemente, privacidad y competencia serían materias con poca relación entre sí, pero en este caso confluyen en una empresa que se ha asignado como misión «organizar toda la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil». Bien hace Larry Page en preguntarse cómo piensan los europeos, porque en algún momento, las reglas que rigen la actividad de Google deberían tender a unificarse globalmente, y lo más probable es que sea su favor. De momento, el «derecho al olvido» regirá sólo en las versiones europeas del buscador, pero los enlaces cuestionados seguirán inalterados en google.com.